Las reformas realizadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) en materia de servicios digitales han representado un avance significativo en la fiscalización y gravamen de un nicho de la actividad comercial que durante mucho tiempo se vio beneficiado por la falta de regulación tributaria en la materia. Sin embargo, algunas de las medidas sustantivas y procedimentales que entrarán en vigor en 2021, en relación con los servicios de referencia, pudieren trastocar los Derechos Humanos de los contribuyentes, y generar problemas de orden pragmático que resulta pertinente tomar en cuenta.